LA SOLIDARIDAD BORRA FRONTERAS.

El terremoto del Sur del Perú y sus consecuencias coparon desde el 15 de agosto los informativos de todos los medios de comunicación españoles. Tras conocer la magnitud de la tragedia el pueblo, la sociedad civil y el Estado Español respondieron con una masiva movilización solidaria.

Este gran movimiento solidario provocó en respuesta que la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) realizara uno de los esfuerzos más importantes hechos hasta el momento para atender las necesidades de los damnificados, un esfuerzo que no termina con la primera emergencia sino que ha convertido a la región de Ica en prioridad de la Cooperación Española.

Inmediatamente después del terremoto, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Cooperación Española dispusieron que AECI en Perú, en coordinación con el INDECI, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y la APCI , dedicara todos sus esfuerzos para ayudar a paliar los efectos del sismo.

La Embajada de España y la AECI en Perú, en coordinación con las autoridades nacionales, pusieron en marcha un plan de emergencia para asistir a la población damnificada. En un primer momento, se enviaron 3 plantas potabilizadoras de agua para atender el colapso del sistema de agua potable en Pisco e Ica. Estos equipos permitieron atender las necesidades de consumo de un promedio de 24000 personas diariamente.

Gonzalo Vega, Jefe de Ayuda Humanitaria y Emergencia de AECI en Madrid, viajó a Perú para coordinar a los equipos humanos desplazados y supervisar la llegada y reparto de la ayuda enviada por el pueblo español. “Pocas horas después de la primera reunión informativa en Madrid con ONGD, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se disponía la salida de un primer avión cargado de 100 Toneladas de ayuda humanitaria y el desplazamiento equipos humanos especializados en emergencias”, explica.

En el primer avión, que aterrizó en Lima el sábado 18 de septiembre, viajó un hospital de campaña, un puesto médico totalmente equipado, 4 kits traumatológicos, pediátricos y de atención de emergencias, además de carpas, colchones, frazadas y una gran cantidad de material sanitario y medicinas. Grupos electrógenos, generadores y equipos de informática y comunicaciones completaban el cargamento, que se ajustó a las necesidades y demandas expresadas a la Cooperación Internacional por el Instituto de Defensa Civil (INDECI).

“Con Indeci tuvimos todas las facilidades del mundo”, explica Gonzalo Vega. “En principio íbamos a aterrizar en Pisco pero el aeropuerto no presentaba las condiciones adecuadas para descargar un avión de tanto tonelaje. Por ello se nos dio prioridad para que la carga humanitaria española pudiese salir en el primer barco que viajó a Pisco. El personal técnico y voluntario también fue desplazado rápidamente en el puente aéreo”.

Posterior a este envío se dispuso un segundo avión cargado con 30 toneladas de material especialmente solicitado por las autoridades peruanas para la segunda fase de emergencia (kits de cocina, sábanas, toallas, grupos electrógenos, herramientas, tiendas de campaña, mantas, material médico - sanitario y depósitos de agua.).

A este decidido apoyo se sumó el envío de dinero en efectivo ya que se han abierto cuentas bancarias en España para que los ciudadanos españoles puedan seguir apoyando a los damnificados.

Voluntarios españoles en la emergencia

Más de 80 técnicos españoles especializados en emergencias entre médicos, psicólogos, rescatistas y logistas, con sus respectivos equipos de salvamento y perros adiestrados, se desplazaron a las zonas afectadas y se pusieron al servicio del país en las tareas de ayuda a los damnificados del terremoto.

Vinieron de toda España y pertenecen a instituciones como “ Detente y Ayuda” (DYA); Intervención de Ayuda de Emergencia; Bomberos Unidos Sin Fronteras; Unidad Canina y de Rescate K 9; Bomberos en Acción; Salvamento Ayuda y Rescate (SAR-España); Médicos del Mundo; SAMUR-Protección Civil; Servicio Médico y de Urgencia SUMA 112; Bomberos en Acción y la Cruz Roja Española, entre otras organizaciones.

Estos voluntarios fueron desplegados en la zona del desastre y trabajaron en coordinación con los técnicos de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Embajada de España en Perú.

A petición de las autoridades peruanas, los equipos españoles se trasladaron a las zonas de Humay, a 60 km de Pisco, y San Clemente, a 12 kilómetros, donde se instalaron los dos hospitales de campaña de la Cooperación Española.

El Embajador de España, Julio Albi de la Cuesta y la Coordinadora General de la AECI en Perú, María Teresa Núñez, recorrieron junto a ellos las poblaciones de San Clemente y Humay, verificando que los especialistas españoles contaban con todo el equipamiento necesario y que trabajaban con normalidad y en estrecha coordinación con las autoridades locales de dichas localidades.

España nació en Pisco

“De entre todas las anécdotas conmovedoras que sucedieron durante la semana que estuvimos trabajando, nunca olvidaremos el nacimiento de España Olenka”, expresa Gonzalo Vega, Jefe de Ayuda Humanitaria de AECI.

Nació el 23 de agosto en el hospital de campaña de la Cooperación Española en San Clemente. En agradecimiento al equipo de voluntarios que atendió su parto, Carmen Martínez decidió bautizar a su hija con el nombre de España.

“Todo el equipo se emocionó mucho por este extraordinario acontecimiento que ocurrió tras tantas escenas de dolor”, explicó a los medios Roberto Rubio, presidente de la ONG Salvamento, Ayuda y Rescate (SAR –España), integrante del equipo de voluntarios españoles desplazados hasta San Clemente.

En total, 50 médicos españoles especialistas en emergencias atendieron a más de 1000 personas en los dos hospitales de campaña de San Clemente y Humay. Además, al equipo de médicos se incorporaron psicólogos del Samur-Defensa Civil de España, entre ellos 4 psicólogas que el 11 de marzo de 2004 asumieron la difícil tarea de atender a los heridos y familiares del atentado terrorista de Madrid en el que murieron 191 personas.
“La población nos acogió muy bien”, explica Gonzalo Vega, que permaneció coordinando los equipos españoles presentes en San Clemente. “El ánimo de la gente era muy positivo y estaban contento de ver médicos en San Clemente”. Los médicos atendieron sobre todo enfermedades respiratorias y problemas de salud relacionados con la post-emergencia, consecuencia de este tipo de desastres.

Los médicos y especialistas en emergencia permanecieron más una semana en estas localidades cubriendo las demandas de atención de los damnificados y partieron a España una vez terminada su misión de emergencia.

Ayuda española durante la reconstrucción

Terminada la fase de emergencia, la AECI está estableciendo las bases de la ayuda española destinada a la reconstrucción de las zonas afectadas. “La sociedad española sigue estando muy interesada por todo lo relativo al terremoto”, afirma Gonzalo Vega.

Y es que el movimiento solidario que durante la fase de emergencia ha borrado fronteras y ha acercado al pueblo español y peruano, lejos de terminar, se va a cimentar durante la fase de reconstrucción.

VÍCTIMAS DE LA JUSTICIA.

Cuando las mujeres y los niños y niñas sufren maltrato familiar y/o abusos sexuales y denuncian los hechos, el aparato judicial los somete a procedimientos que los convierte de nuevo en víctimas. No sufren tan sólo el maltrato de su agresor, sino también el de la justicia. Es lo que se denomina en las esferas penales victimización secundaria, un fenómeno que ancla sus raíces en la propia ineficacia de las instituciones responsables para proteger a las víctimas.

“Existe una ruta crítica que deben transitar las víctimas de un delito en el Perú, cuyos resultados terminan afectando y victimizando su esfera personal y familiar y generando consecuencias de naturaleza económica, social y psicológica”.

Así lo afirma y constata el “Diagnóstico sobre la victimización secundaria en el Perú”, elaborado por el Ministerio de Justicia del Perú y la Asociación de Juristas Internacionales Interiuris (España) en el marco de un convenio de cooperación con la Consejería de Justicia de Andalucía.

Este diagnóstico se ha centrado en las capacidades de los operadores de justicia de velar efectivamente por los derechos de las víctimas de delitos, tomando como referencia directa a los Consultorios Jurídicos Populares, Asistencia Legal Gratuita (Alegra) y a los Centros de Emergencia Mujer (CEM).

Las cifras hablan por si solas. Ante un total de más de un millón de expedientes presentados en el Poder Judicial en 2005, los casos atendidos por los Consultorios Jurídicos Populares y por los Alegra no llegan al 5%, de los cuales, solo una ínfima cantidad son actividades de acompañamiento en el proceso judicial.

Por su parte, según este informe, los CEM atendieron sólo un 7.3% de los delitos sexuales y agresiones en el contexto familiar y social. “A pesar que ellos mismos reconocen que necesitan de muchos más medios para poder dar una atención correcta, nos ha impresionado mucho la fuerza y la implicación de las personas que trabajan en los Centros de Emergencia Mujer dependientes del MIMDES, que son el lugar más importante de atención a las víctimas en Perú”, explica Amparo Díaz, abogada de Interiuris Especialista en Victimología y Violencia de Género. Entre los avances de los Centros de Emergencia Mujer, la experta señala la presencia de equipos interdisciplinares sensibilizados sobre la necesidad de acabar con la victimización.

La victimización secundaria de la mujer es un problema a escala global. “Las mujeres son el colectivo en el mundo con más dificultades para ejercer sus derechos y por consiguiente con mayores dificultades también a la hora de recuperar su situación cuando han sido víctimas”, aclara Amparo Díaz. “En el Perú observamos que la desigualdad social, la falta de recursos, las dificultades para coordinar a las instituciones legales implicadas, la corrupción y las deficiencias en el código procesal dificultan de una manera increíble el ejercicio de los derechos por parte de las víctimas”.

El informe constata que la oferta de servicios públicos especializados para la atención efectiva en casos de violencia familiar y sexual es limitada y está concentrada en la zona urbana. Además, las autoridades encargadas de atender la problemática de acuerdo a la ley no operan en las zonas rurales y en algunos casos sólo existen en algunas capitales de provincia.

“Prácticamente es imposible atender a esa población de víctimas en zonas andinas y selva. Es necesario y urgente utilizar medidas de educación y ayudas económicas para que las niñas no dejen de estudiar”, opina Amparo Díaz.

Todas estas condiciones atentan contra los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos, reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas ya en 1985.

SUMARIO: “Solo un 4% de los delitos sexuales son denunciados”

Cifras negras

Según el informe de victimización, la consecuencia más evidente de la vulneración de los derechos de las víctimas por parte de los operadores de justicia son los porcentajes de no denuncia, la llamada cifra negra.

En el Perú, sólo el 30% de delitos son denunciados, pero si hablamos de los delitos sexuales, este porcentaje baja a menos de un 10%. Los menores víctimas de maltrato y/o abuso sexual son los más invisibilizados. Según el informe “Maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes” del MIMDES, solo un 3.9% acudió a alguna institución para pedir ayuda.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES 2004, en el Perú al menos dos de cada cinco mujeres han sufrido violencia física alguna vez en su vida y se calcula que en los últimos 12 meses, al menos un millón de mujeres habrían sido agredidas físicamente por su pareja.

¿Por qué no denuncian?, preguntamos para contrastar este informe a Rosa Mavila, abogada, profesora de derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Ex jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). “El porcentaje de denuncias es bajísimo porque ya hay experiencia de las víctimas en victimización secundaria y sienten que es en vano todo el esfuerzo de denunciar”, responde.

El esfuerzo es titánico. El o la denunciante se ve sometido a un laberinto de instancias antes de lograr una solución favorable y resarcidora de su demanda, lo que produce un efecto disuasivo institucionalizado. El denunciante comienza a sentir que es victimizado.

Victimología criolla

Las causas y las formas de victimización secundaria en el Perú son complejas y diversas. Según Rosa Mavila todavía impera en los operadores de justicia una victimología criolla. “Muchos magistrados y sobre todo muchos policías culpan indirectamente a la víctima por haber sufrido el delito e intentan asociar características biológicas o contextuales a la víctima como explicación del delito. Es decir, piensan que una mujer no hubiera sido violada si no hubiera ido a esas horas por la calle o así vestida. En este raciocinio siempre hay variables orientadas a atenuar el delito”.

Según el informe “Victimización Secundaria en el Perú”, “es frecuente que las mujeres sean víctimas de mayores agresiones después de haber acudido a reclamar la protección cautelar del Estado, ya que la policía, los fiscales y los jueces no cumplen con su debe de proteger a las víctimas de violencia doméstica.”

El Estado Peruano, a diferencia de estados latinoamericanos como Argentina y México, no tiene un ente estatal de protección victimológica. En el tiempo en el que una mujer hace todas las diligencias para denunciar carece de protección. Tras la denuncia en la policía, el propio maltratador regresa al escenario del maltrato y la vuelve a maltratar. En el Perú sólo existen casas de apoyo para la mujer maltratada gracias a iniciativas privadas que dependen de la cooperación internacional, pero que no ofrecen servicios permanentes ni sistemáticos.

El nuevo Código Procesal Penal, una esperanza para las víctimas

Ante este panorama todos los ojos están puestos es los avances hechos en materia de victimología por el nuevo código procesal penal.

En el código procesal vigente, fechado en 1940, la víctima no existe. “Es por ello que en nuestros procesos judiciales se da todo tipo de victimización secundaria”, declara Rosa Mavila.

El nuevo código procesal, actualmente en vigor en Huaura y Trujillo como un plan piloto, por primera vez reconoce los derechos de las víctimas establecidos por la ONU e incluye como víctimas no solo al afectado directo, sino también a los parientes cercanos. Además, admite la figura del querellante adhesivo, estableciendo que “algunas ONG´s pueden representar intereses de las víctimas”.

Lograr disminuir los índices de victimización y el reconocimiento de la calidad de víctima a la persona agraviada son algunos de los desafíos que le toca enfrentar al nuevo código procesal peruano, según las conclusiones del informe elaborado por el Ministerio de Justicia e Interiuris.

La aplicación afectiva de este nuevo código, que el próximo año entrará en vigor en El Callao y por partes en todo el país, puede convertirse en la solución para paliar la doble victimización. “El nuevo código procesal responde a un espíritu genuinamente democrático que trasciende el modelo inquisitorial, reservado, secreto, jerárquico y formalista del código del 40”, opina la abogada. “Es muy trascendente que el código avance aunque sea poco”.

En su avance y en el desarrollo de programas de asistencia integral a la víctima está la esperanza.